Justicia

En el día de la fecha, la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner se presentó a declarar en el marco de la causa por direccionamiento de contratos de Obra Pública que inició Vialidad Nacional. Este llamado a indagatoria marca un grado de sospecha (y posible confirmación posterior) muy importante del juez Julián Ercolini, en gran parte generado por el implacable dictamen que emitieron los fiscales Pollicita y Mahiques. Hay pruebas contundentes que confirman el ya evidente beneficio que recibió Lázaro Báez en los contratos de Obra Pública, al punto que fue el único empresario al que no se le debía ninguna suma de dinero, habiendo dejado inconclusas menos de la mitad de las obras. El avance a pasos agigantados de esta causa no hace más que llevar a preguntarse por cuál será su situación procesal durante 2017, año en el que pretende arañar una banca en el Congreso que le otorgue los fueros que le permitan eludir a la justicia y soñar con el regreso a la Casa Rosada en 2019.

¿Especula electoralmente el macrismo con su situación procesal?, ¿Pretende que ella sea candidata en la provincia de Buenos Aires para fragmentar el voto peronista? De ser afirmativas las respuestas, es menester advertir sobre un plan B que estaría manejando la ex presidenta: presentarse como candidata a senadora, pero en Santa Cruz, que también renueva sus bancas en el Senado el año próximo. Esta opción parece factible, dado que la competencia feroz que hay en la provincia de Buenos Aires podría llevarla a un tercer lugar que la deje sin ninguna banca, mientras que en una mucho más polarizada Santa Cruz tendría asegurado el segundo lugar y, por consiguiente, la banca por la minoría. Las encuestas hablan de un caudal electoral de 25% en la provincia de Buenos Aires, el cual es, en el mejor de los casos, su techo. Sus apariciones públicas no le aumentan su imagen positiva, ni disminuyen la negativa. Los casos de corrupción seguirán aflorando y, a mi criterio, seguirán pisando las posibilidades electorales del kirchnerismo. Con lo que se debe tener cuidado es con la posibilidad de que una candidatura de Cristina, sea en Buenos Aires o en Santa Cruz, pueda llegar a perjudicar a Macri y a favorecer a otras alternativas opositoras, por considerarlo responsable de aminorar la marcha de estos procesos judiciales.

El proyecto económico que pretende llevar adelante el actual gobierno depende, en gran parte, de que la justicia muestre señales de independencia respecto de la política. El desprestigio que tenemos y el gran inconveniente a la hora de atraer capitales se ha producido, precisamente, por esta inseguridad jurídica, donde el poder político ha pretendido convertir al poder Judicial en un apéndice que se pueda manejar discrecionalmente. Cualquier especulación electoral sobre el accionar de la justicia debe erradicarse, porque es la problemática que venimos observando históricamente en nuestro país. La independencia de la Justicia debe ser un imperativo, y el eje de discusión en la campaña electoral del 2017.