En
el día de la fecha, la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner se presentó
a declarar en el marco de la causa por direccionamiento de contratos de Obra
Pública que inició Vialidad Nacional. Este llamado a indagatoria marca un grado
de sospecha (y posible confirmación posterior) muy importante del juez Julián
Ercolini, en gran parte generado por el implacable dictamen que emitieron los
fiscales Pollicita y Mahiques. Hay pruebas contundentes que confirman el ya
evidente beneficio que recibió Lázaro Báez en los contratos de Obra Pública, al
punto que fue el único empresario al que no se le debía ninguna suma de dinero,
habiendo dejado inconclusas menos de la mitad de las obras. El avance a pasos
agigantados de esta causa no hace más que llevar a preguntarse por cuál será su
situación procesal durante 2017, año en el que pretende arañar una banca en el
Congreso que le otorgue los fueros que le permitan eludir a la justicia y soñar
con el regreso a la Casa Rosada en 2019.
¿Especula
electoralmente el macrismo con su situación procesal?, ¿Pretende que ella sea
candidata en la provincia de Buenos Aires para fragmentar el voto peronista? De
ser afirmativas las respuestas, es menester advertir sobre un plan B que
estaría manejando la ex presidenta: presentarse como candidata a senadora, pero
en Santa Cruz, que también renueva sus bancas en el Senado el año próximo. Esta
opción parece factible, dado que la competencia feroz que hay en la provincia
de Buenos Aires podría llevarla a un tercer lugar que la deje sin ninguna
banca, mientras que en una mucho más polarizada Santa Cruz tendría asegurado el
segundo lugar y, por consiguiente, la banca por la minoría. Las encuestas
hablan de un caudal electoral de 25% en la provincia de Buenos Aires, el cual
es, en el mejor de los casos, su techo. Sus apariciones públicas no le aumentan
su imagen positiva, ni disminuyen la negativa. Los casos de corrupción seguirán
aflorando y, a mi criterio, seguirán pisando las posibilidades electorales del
kirchnerismo. Con lo que se debe tener cuidado es con la posibilidad de que una
candidatura de Cristina, sea en Buenos Aires o en Santa Cruz, pueda llegar a
perjudicar a Macri y a favorecer a otras alternativas opositoras, por
considerarlo responsable de aminorar la marcha de estos procesos judiciales.
El
proyecto económico que pretende llevar adelante el actual gobierno depende, en
gran parte, de que la justicia muestre señales de independencia respecto de la
política. El desprestigio que tenemos y el gran inconveniente a la hora de atraer
capitales se ha producido, precisamente, por esta inseguridad jurídica, donde
el poder político ha pretendido convertir al poder Judicial en un apéndice que
se pueda manejar discrecionalmente. Cualquier especulación electoral sobre el
accionar de la justicia debe erradicarse, porque es la problemática que venimos
observando históricamente en nuestro país. La independencia de la Justicia debe
ser un imperativo, y el eje de discusión en la campaña electoral del 2017.